REPÚBLICA DE CHILE
Chile, oficialmente República de Chile, es un país ubicado en América del Sur. Su capital es la ciudad de Santiago.
Está constituido por tres zonas
geográficas.
La primera de ellas, Chile
continental, comprende una franja en la costa occidental del Cono Sur que se
extiende entre los paralelos 17°29'57"
S y 56°32'12" S, mayormente desde la ribera sudoriental del océano
Pacífico hasta las cumbres más altas divisorias de aguas de la cordillera de
los Andes. Alcanza un largo de 4270 km, un ancho máximo de 445 km en los 52°21' S y un mínimo de 90 km en los 31°37' S. Limita
con Perú al norte,
Bolivia al nordeste y Argentina al este, totalizando 7.801 km de fronteras
terrestres y el pasaje de Drake al sur.
La segunda, Chile insular,
corresponde a un conjunto de islas de origen volcánico en el océano Pacífico Sur: el
archipiélago Juan Fernández y las islas Desventuradas, pertenecientes a
Sudamérica, así como la isla Salas y Gómez y la isla de Pascua, ubicadas en
Oceanía.
La tercera, el Territorio Chileno
Antártico, es una zona de la Antártida
de 1.250.257,6 km² entre los meridianos 53° O y 90° O sobre la cual la nación
más cercana reclama soberanía, prolongándose hasta el Polo Sur, pero está
supeditada a lo estipulado en el Tratado Antártico, del que es signataria. Debido
a lo mencionado, se define como un país tricontinental.
Tiene una costa de 6.435 km de
longitud y ejerce derechos exclusivos, reclamaciones de diverso grado y soberanía sobre su espacio marítimo, llamado mar chileno. Este
comprende cuatro zonas: el mar territorial (120.827 km²), la zona contigua (131.669
km²), la zona
económica
exclusiva (3.681.989 km²)
y la correspondiente plataforma continental (161.338 km²).
Es considerado un país de ingreso
alto por el Banco Mundial y en vías de desarrollo por la Agencia Central de
Inteligencia. Sus más de 18 millones de habitantes promedian
índices de
alfabetización, calidad de
vida, crecimiento económico, desarrollo humano, esperanza
de vida, globalización
y PIB per cápita
que están entre los más altos de América Latina.
TOPONIMIA: Antes del descubrimiento
de América, las tierras situadas al sur del desierto de Atacama ya se llamaban
Chili en la tradición indígena. Una vez instalados en Nueva Castilla y Nueva
Toledo, los conquistadores españoles
siguieron llamando de esa forma a la región
del sur, a veces también
conocida como «valle
de Chile», nombre que
se extendió posteriormente a todo el actual país.
Aunque se desconoce el origen del
topónimo de «Chile», existen varias teorías. El
apelativo se habría
originado en la palabra quechua chire, “frío”;
en Chille, antiguo hidrónimo
en el valle del Aconcagua; en el epónimo Tili —el cacique picunche que gobernaba
ese mismo valle a la llegada de los incas, antes del arribo de los españoles—; en el término quechua chili, 'la flor y nata
de la tierra'; en chili, onomatopeya mapuche del canto del trile,
palabra usada para llamar a este pájaro
de manchas amarillas en las alas; en la voz aimara chilli, 'donde se
acaba la tierra'; o se habría debido a un grupo de indios
mitimaes, trasplantado al «valle
de Chile» por los incas,
que provendría de una región donde existiría un río bautizado con ese nombre.
Bajo el gobierno del director
supremo Ramón Freire, un decreto estableció el nombre «Chile» para designar
oficialmente el país el 30 de julio de 1824.
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La
República de Chile es un Estado unitario, democrático y presidencialista,
conformado por diversas instituciones autónomas insertas en un esquema constitucional
que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos
del Estado. La administración del estado es funcional y territorialmente descentralizada
y desconcentrada.
Aprobada en el plebiscito del 11 de
septiembre de 1980, la Constitución
Política de la
República de
Chile —el décimo texto constitucional en la
historia chilena—
ha regido el país
desde el 11 de marzo de 1981. A partir de 1989, ha sido reformada en dieciocho
oportunidades.
El poder ejecutivo o, más propiamente,
el gobierno y la administración pública, están encabezados por el presidente de
la República, quien es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Según la
Constitución, el presidente permanece en el ejercicio de sus funciones por un
término de 4 años y no puede ser reelegido para el periodo siguiente.
El presidente de la República
designa a los ministros de Estado, quienes son sus colaboradores directos e
inmediatos en el gobierno y administración
del Estado y funcionarios de su exclusiva confianza.
El poder legislativo reside tanto en
el presidente de la República —en calidad de colegislador— como en el Congreso
Nacional, con sede en Valparaíso, de carácter
bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara
de Diputados elegidos por votación
popular. El Senado está formado por 50 senadores que permanecen en el cargo por
8 años con la
posibilidad de ser reelectos en sus respectivas circunscripciones, las que
eligen dos senadores en cada elección;
cada 4 años se renueva
la mitad de la plantilla de senadores en las elecciones parlamentarias
regulares. La Cámara de Diputados está formada por 155 miembros que permanecen
4 años en el cargo y también pueden ser reelectos en sus respectivos distritos,
los que eligen entre 3 y 8 diputados en cada elección, en que se renueva la
totalidad de la cámara.
Para las elecciones parlamentarias,
entre 1989 y 2013 se utilizó el sistema binominal, el que fomentó el establecimiento de dos bloques
políticos
mayoritarios —Concertación y Alianza— a expensas de la exclusión de grupos
políticos no mayoritarios. Los opositores de este sistema aprobaron en 2015 un
sistema electoral proporcional moderado que rige desde las elecciones parlamentarias
de 2017, permitiendo el ingreso de nuevos
partidos y coaliciones.
El poder judicial, constituido por
tribunales autónomos e independientes que ejercen la función jurisdiccional,
tiene a la Corte Suprema de Justicia como su máxima instancia, cortes de
apelaciones en cada región y tribunales inferiores de competencia común y
especializados a lo largo del país. Además, existe un Ministerio Público
autónomo y jerarquizado, que dirige en forma exclusiva la investigación
criminal y ejerce la acción penal pública.
El Tribunal Constitucional, autónomo
e independiente, tiene el control de constitucionalidad de los proyectos de ley
y de los autos acordados, decretos y leyes. Asimismo, la autónoma Contraloría
General de la República ejerce el control de legalidad de los actos de la
administración pública y fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos
públicos.
El Tribunal Calificador de Elecciones y dieciséis tribunales electorales regionales son los encargados de la calificación de las elecciones y de resolver las reclamaciones electorales, mientras que el Servicio Electoral se encarga de la organización de los procesos electorales y de la administración del registro electoral y del registro de los partidos políticos.
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